El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el pasado 9 de enero el proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en dicha comunidad autónoma. Este problema de salud pública afecta actualmente al 16,6% de la población adulta y al 23% de la infantil, según informa la Junta en su página web.
Este proyecto, que sitúa a Andalucía como la primera comunidad autónoma que regula con el máximo rango normativo la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad y en su elaboración han participado alrededor de 250 personas de diferentes colectivos.
La futura ley establecerá el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la promoción, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable. Según indica la Junta, para hacer efectivo este derecho se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares y habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 empleados.
Asimismo, una de las medidas clave de esta normativa y donde entran en juego los operadores de vending es la de favorecer el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, promoviendo la dotación de fuentes en estos espacios. Por ello, se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua gratuita en aquellos centros docentes en los que se permite su instalación y en los lugares de ocio infantil, ya sea integrada en sus propios dispositivos o a una distancia de hasta dos metros de los mismos.
Otras medidas que se incluyen son el derecho a una atención sanitaria integral y continuada para las personas que padecen obesidad, la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, la redacción de 'cartas de compromiso' y un tiempo mínimo de cinco horas efectivas semanales de actividad física en las escuelas, entre otras, que pueden consultarse en el comunicado publicado por la Junta de Andalucía.
En cuanto a información y publicidad, el proyecto de Ley incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. En este sentido, los productos que se vendan en centros educativos no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares y no contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes. Además, en los institutos de Secundaria se mostrará, en lugar visible al público, la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que se ofrezcan tanto en sus máquinas expendedoras como en sus áreas de restauración.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el pasado 9 de enero el proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en dicha comunidad autónoma. Este problema de salud pública afecta actualmente al 16,6% de la población adulta y al 23% de la infantil, según informa la Junta en su página web.
Este proyecto, que sitúa a Andalucía como la primera comunidad autónoma que regula con el máximo rango normativo la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad y en su elaboración han participado alrededor de 250 personas de diferentes colectivos.
La futura ley establecerá el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la promoción, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable. Según indica la Junta, para hacer efectivo este derecho se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares y habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 empleados.
Asimismo, una de las medidas clave de esta normativa y donde entran en juego los operadores de vending es la de favorecer el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, promoviendo la dotación de fuentes en estos espacios. Por ello, se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua gratuita en aquellos centros docentes en los que se permite su instalación y en los lugares de ocio infantil, ya sea integrada en sus propios dispositivos o a una distancia de hasta dos metros de los mismos.
Otras medidas que se incluyen son el derecho a una atención sanitaria integral y continuada para las personas que padecen obesidad, la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, la redacción de 'cartas de compromiso' y un tiempo mínimo de cinco horas efectivas semanales de actividad física en las escuelas, entre otras, que pueden consultarse en el comunicado publicado por la Junta de Andalucía.
En cuanto a información y publicidad, el proyecto de Ley incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. En este sentido, los productos que se vendan en centros educativos no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares y no contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes. Además, en los institutos de Secundaria se mostrará, en lugar visible al público, la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que se ofrezcan tanto en sus máquinas expendedoras como en sus áreas de restauración.
