La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) ha solicitado al Gobierno que revise el proyecto de Real Decreto sobre alimentación saludable y sostenible en centros públicos y sociosanitarios antes de su aprobación. La organización advierte de que su aplicación podría poner en riesgo alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos en el sector del vending y reducir en unos 18 millones de euros anuales los ingresos por cánones que perciben hospitales y otros centros públicos.
La asociación comparte el objetivo de promover una alimentación más saludable, pero considera que el texto presenta problemas jurídicos y no evalúa suficientemente sus consecuencias económicas para autónomos y pequeñas empresas. Por ello, reclama mantener abierto el diálogo con el sector e incorporar modificaciones que permitan compatibilizar los objetivos de salud pública con la viabilidad de la actividad.
"Defendemos una alimentación más saludable, pero no a costa de imponer medidas que ignoren la realidad del sector. Hay soluciones técnicas y las hemos puesto encima de la mesa. Queremos mejorar el texto para que sea una norma viable", señala Yolanda Carabante, directora general de ANEDA.
El vending como servicio en hospitales y residencias
Uno de los aspectos que más preocupa a la asociación es el papel que desempeñan las máquinas expendedoras en hospitales, residencias y otros centros públicos. En muchas de estas instalaciones constituyen el único servicio de alimentación disponible durante la noche, los fines de semana o cuando las cafeterías permanecen cerradas.
Su utilización corresponde principalmente al personal sanitario, visitantes y familiares que acompañan a los pacientes. ANEDA recuerda que se trata de un servicio complementario, diferente de la alimentación pautada para pacientes y residentes, y pide que esta función se tenga en cuenta en la elaboración de la normativa.
Restricciones en la oferta y dificultades de adaptación
Entre los aspectos cuestionados por el sector figura el modelo de distribución de productos previsto en el proyecto sometido a información pública. Según ANEDA, el texto establecía que el 80 % del espacio de cada máquina debía destinarse a una relación determinada de productos, mientras que el 20 % restante también quedaba sujeto a criterios nutricionales.
La asociación considera que estas condiciones limitan considerablemente la capacidad de los operadores para adaptar el surtido a las características de cada centro y a la demanda de sus usuarios.
También reclama que las nuevas exigencias puedan aplicarse utilizando el parque de máquinas existente, sin obligar a realizar inversiones desproporcionadas en equipos, sistemas de refrigeración o mecanismos de dispensación.
En este sentido, ANEDA señala que los autónomos y pequeños operadores serían los más expuestos a los costes de adaptación, especialmente aquellos que trabajan en ubicaciones con menor volumen de consumo.
Un impacto económico y laboral que preocupa al sector
Según las estimaciones de ANEDA, la venta automática en centros públicos genera alrededor de 60 millones de euros anuales en cánones. La aplicación estricta de la normativa podría reducir esta cifra en unos 18 millones de euros, de los cuales ocho millones corresponderían a hospitales y centros sanitarios y sociosanitarios.
La asociación advierte asimismo de que esta situación podría poner en riesgo aproximadamente 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
"Detrás de las máquinas hay empresas, trabajadores y muchas familias que viven de esta actividad. Pedimos que se valoren las consecuencias antes de tomar una decisión", afirma Juan Luis Hernández, presidente de ANEDA.
Riesgo de desperdicio alimentario y problemas jurídicos
Otro de los puntos señalados por la asociación es la posible introducción de productos frescos y de corta caducidad en máquinas que no siempre cuentan con reposición diaria. En instalaciones con menor demanda, esta circunstancia podría incrementar las frecuencias de reposición y las pérdidas de alimentos.
ANEDA considera que imponer surtidos que no respondan a las necesidades reales de cada ubicación podría comprometer la viabilidad de determinados puntos de venta, además de provocar máquinas vacías y concursos públicos desiertos.
En el ámbito jurídico, la organización identifica varias cuestiones que, a su juicio, deberían revisarse antes de aprobar el texto. Entre ellas menciona el régimen sancionador, el alcance de la regulación sobre venta automática y la falta de notificación del proyecto a la Comisión Europea. Según la asociación, estos aspectos podrían generar inseguridad jurídica y dar lugar a litigios.
ANEDA plantea alternativas para mejorar el proyecto
Con el objetivo de contribuir a una regulación viable, la asociación ha remitido a varios ministerios una nota técnica con propuestas para corregir los aspectos que afectan a la venta automática sin renunciar a los objetivos de salud pública.
Entre las medidas planteadas figura ampliar a 24 meses el plazo de adaptación del vending, frente a los 12 meses recogidos en el articulado del proyecto, así como proteger los contratos actualmente en vigor.
ANEDA recuerda que el sector mantiene su compromiso con la mejora de la alimentación y destaca su participación en la Estrategia NAOS y en el Plan de mejora de la composición de los alimentos, en cuyo marco contribuyó, entre otras actuaciones, a reducir un 15 % el azúcar en las bebidas calientes.
La asociación insiste en que la transición hacia una oferta más saludable debe contemplar también las particularidades operativas y económicas de la venta automática.
