CONFIDA solicita una ley nacional para suspender los pagos de concesiones y tarifas estatales debido al cierre de las máquinas por el Covid-19

Las escuelas y universidades italianas han estado cerradas durante dos meses después de los decretos ministeriales para combatir la epidemia de coronavirus, mientras que muchas Administraciones Públicas han dejado de realizar actividades ordinarias y otras han adoptado el smart working . El cierre de todos estos lugares ha implicado el cierre de más de 150 mil máquinas expendedoras de alimentos y bebidas instaladas allí y las empresas de distribución automática, principalmente PYME y que emplean a 33 mil personas, se encuentran en serias dificultades financieras, con una pérdida promedio del 71.5% de la facturación.

A pesar de esto, la mayoría de las Administraciones Públicas, con la excepción de unos pocos casos virtuosos, continúan exigiendo el pago de la concesión y las tarifas estatales de propiedad para las máquinas que han estado cerradas durante meses.

“ El Código de Adquisiciones – explica Massimo Trapletti, presidente de CONFIDA, Asociación Italiana de Vending – en el art. 165 establece expresamente que en caso de que ocurran eventos como la epidemia de Covid-19, no atribuibles a la voluntad del concesionario y que afecten el equilibrio económico de la concesión, las tarifas deben ser revisadas . Sin embargo – continúa Trapletti -, la Administración Pública se opone a las solicitudes de las empresas del sector de suspender las tarifas, creyendo, en cambio, que es responsabilidad del gerente de distribución automática asumir todos los riesgos y costos derivados de la emergencia epidemiológica”

Por lo tanto, CONFIDA se ha dirigido a través de una carta abierta al ministro de Economía, Roberto Gualtieri, solicitando la adopción de una disposición ministerial que, a nivel nacional, disponga la suspensión de la obligación de pagar concesiones y tarifas estatales por parte de operadores en el sector de vending a favor de las Administraciones Públicas, en vigencia a partir del 15 de febrero de 2020 y durante todo el período de vigencia de las medidas para contener la emergencia COVID-19.

“ Una intervención reguladora nacional –concluye el presidente de la asociación de distribución automática Trapletti– pondría fin a las disputas entre los operadores del sector y las Estaciones de Concesión, evitando la obstrucción fisiológica de la máquina de justicia y el riesgo de adoptar decisiones contradictorias” .