El nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas, que entró en vigor el pasado lunes 1 de mayo en Cataluña y que afecta a refrescos, batidos o compuestos energéticos, tiene un claro objetivo disuasorio para desincentivar el consumo y estimular hábitos de vida saludables. Así lo ha explicado este lunes en una entrevista a RAC 1el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, quien ha anunciado que estudia ampliar el impuesto a otros alimentos con alto contenido en azúcar o grasa, como la bollería industrial. Salvadó ha precisado, sin embargo, que “hay que estudiar bien la creación de este tributo porque, a diferencias del impuesto sobre los refrescos, no hay muchas experiencias internacionales sobre impuestos a otros alimentos”, tal como publica el diario El País en su edición digital.
Salvadó ha recordado que la Generalitat trabajaba en este tributo desde 2013 y que siempre ha tenido en la mira también otros productos con exceso de azúcar o grasa. “En el impuesto a las bebidas azucaradas hay una amplia experiencia internacional, pudimos ver qué había funcionado y qué no. Con otros productos esa experiencia es más reducida y no hay la madurez suficiente para que ahora nos planteemos una implantación en Cataluña”. Salvadó considera que los Gobiernos europeos seguirán esa línea y que en un plazo de cinco años existirá un tributo a los comestibles poco sanos.
El nuevo impuesto catalán tiene dos tramos, de acuerdo con la concentración de azúcar: el primero fija un aumento de 0,08 euros por litro para los productos con entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros. El segundo suma 0,12 euros por litro para los que tienen más de ocho gramos de edulcorante por cada 100 ml. La liquidación del impuesto será trimestral, siendo la primera en julio.
La Generalitat espera recaudar este año unos 41 millones con este gravamen, que debe recaer sobre el consumidor final, una pequeña cantidad respecto a los casi 30.000 millones de ingresos que tiene previsto en los Presupuestos para este año. Este tipo de impuestos se definen por su carácter disuasorio. “El objetivo del Gobierno es corregir determinados hábitos de los consumidores y de los propios fabricantes”, insistió el alto cargo de la Generalitat. Y ha considerado un error que el Gobierno central, que también estudió implantar el impuesto pero al final lo descartó, pensara en gravar a los productores y no al consumidor. "Eso genera deslocalizaciones, que es lo que no queremos", ha apuntado. La Generalitat considera además que el impuesto hará que los productores se esfuercen para hacer bebidas con menor concentración de azúcar.
La Asociación de Bebidas Refrescantes en España (Anfabra) dice que el sector se siente discriminado con respecto a otros productos como la bollería, también con muchos azúcares añadidos. La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) calcula que el impuesto implicará una subida de entre un 8% y un 50% del valor de las bebidas azucaradas. Las más afectadas serán las marcas blancas de los grandes almacenes. El mecanismo diseñado por la Generalitat para cobrar el impuesto implica que los distribuidores (bares, tiendas o súpers) incorporen en la factura al vendedor el concepto de IBEE, las siglas del gravamen.
Países como México, Francia, Noruega, Finlandia, Hungría, Sudáfrica o algunas ciudades de Estados Unidos ya tienen un impuesto similar que grava las bebidas azucaradas. Reino Unido ya ha anunciado que lo implantará a partir de 2018.
La Generalitat es la primera administración de España que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en otoño recomendó subidas fiscales de hasta el 20% en el precio de estas sustancias altas en azúcar, que consumidas en exceso favorecen la obesidad y la diabetes.
Pese a que Cristóbal Montoro anunció el pasado otoño que crearía un impuesto sobre las bebidas azucaradas, el Gobierno se ha echado para atrás y solo se compromete a aprobarlo si se desvía del déficit público. Existían dudas de qué ocurriría con el gravamen catalán si el Estado establecía uno similar. La Ley de Financiación Autonómica (Lofca), de 1980, viene a decir que los tributos regionales quedarían anulados pero el Ejecutivo central tendría que compensar a las comunidades que ya tenían un impuesto con las mismas características.
Productos exentos
Según la normativa, quedan fuera del impuesto las bebidas elaboradas a partir de zumos de fruta o verduras naturales, concentrados o reconstituidos o una combinación de ambos, así como las leches o alternativas de estas sin edulcorantes calóricos añadidos y yogures bebibles, leches fermentadas bebibles, productos para uso médico y bebidas alcohólicas. Tampoco están gravados refrescos que carecen de azúcar como la coca-cola zero, que no lo lleva.
El nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas, que entró en vigor el pasado lunes 1 de mayo en Cataluña y que afecta a refrescos, batidos o compuestos energéticos, tiene un claro objetivo disuasorio para desincentivar el consumo y estimular hábitos de vida saludables. Así lo ha explicado este lunes en una entrevista a RAC 1el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, quien ha anunciado que estudia ampliar el impuesto a otros alimentos con alto contenido en azúcar o grasa, como la bollería industrial. Salvadó ha precisado, sin embargo, que “hay que estudiar bien la creación de este tributo porque, a diferencias del impuesto sobre los refrescos, no hay muchas experiencias internacionales sobre impuestos a otros alimentos”, tal como publica el diario El País en su edición digital.
Salvadó ha recordado que la Generalitat trabajaba en este tributo desde 2013 y que siempre ha tenido en la mira también otros productos con exceso de azúcar o grasa. “En el impuesto a las bebidas azucaradas hay una amplia experiencia internacional, pudimos ver qué había funcionado y qué no. Con otros productos esa experiencia es más reducida y no hay la madurez suficiente para que ahora nos planteemos una implantación en Cataluña”. Salvadó considera que los Gobiernos europeos seguirán esa línea y que en un plazo de cinco años existirá un tributo a los comestibles poco sanos.
El nuevo impuesto catalán tiene dos tramos, de acuerdo con la concentración de azúcar: el primero fija un aumento de 0,08 euros por litro para los productos con entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros. El segundo suma 0,12 euros por litro para los que tienen más de ocho gramos de edulcorante por cada 100 ml. La liquidación del impuesto será trimestral, siendo la primera en julio.
La Generalitat espera recaudar este año unos 41 millones con este gravamen, que debe recaer sobre el consumidor final, una pequeña cantidad respecto a los casi 30.000 millones de ingresos que tiene previsto en los Presupuestos para este año. Este tipo de impuestos se definen por su carácter disuasorio. “El objetivo del Gobierno es corregir determinados hábitos de los consumidores y de los propios fabricantes”, insistió el alto cargo de la Generalitat. Y ha considerado un error que el Gobierno central, que también estudió implantar el impuesto pero al final lo descartó, pensara en gravar a los productores y no al consumidor. "Eso genera deslocalizaciones, que es lo que no queremos", ha apuntado. La Generalitat considera además que el impuesto hará que los productores se esfuercen para hacer bebidas con menor concentración de azúcar.
La Asociación de Bebidas Refrescantes en España (Anfabra) dice que el sector se siente discriminado con respecto a otros productos como la bollería, también con muchos azúcares añadidos. La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) calcula que el impuesto implicará una subida de entre un 8% y un 50% del valor de las bebidas azucaradas. Las más afectadas serán las marcas blancas de los grandes almacenes. El mecanismo diseñado por la Generalitat para cobrar el impuesto implica que los distribuidores (bares, tiendas o súpers) incorporen en la factura al vendedor el concepto de IBEE, las siglas del gravamen.
Países como México, Francia, Noruega, Finlandia, Hungría, Sudáfrica o algunas ciudades de Estados Unidos ya tienen un impuesto similar que grava las bebidas azucaradas. Reino Unido ya ha anunciado que lo implantará a partir de 2018.
La Generalitat es la primera administración de España que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en otoño recomendó subidas fiscales de hasta el 20% en el precio de estas sustancias altas en azúcar, que consumidas en exceso favorecen la obesidad y la diabetes.
Pese a que Cristóbal Montoro anunció el pasado otoño que crearía un impuesto sobre las bebidas azucaradas, el Gobierno se ha echado para atrás y solo se compromete a aprobarlo si se desvía del déficit público. Existían dudas de qué ocurriría con el gravamen catalán si el Estado establecía uno similar. La Ley de Financiación Autonómica (Lofca), de 1980, viene a decir que los tributos regionales quedarían anulados pero el Ejecutivo central tendría que compensar a las comunidades que ya tenían un impuesto con las mismas características.
Productos exentos
Según la normativa, quedan fuera del impuesto las bebidas elaboradas a partir de zumos de fruta o verduras naturales, concentrados o reconstituidos o una combinación de ambos, así como las leches o alternativas de estas sin edulcorantes calóricos añadidos y yogures bebibles, leches fermentadas bebibles, productos para uso médico y bebidas alcohólicas. Tampoco están gravados refrescos que carecen de azúcar como la coca-cola zero, que no lo lleva.
