Ayer, 17 de julio, tuvo lugar la presentación de la evaluación económica del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas (IBEE, según sus siglas en catalán), la cual concluye que la reducción de peso, y consecuentemente del Índice de Masa Corporal (IMC) de las personas, derivada de la disminución del consumo de bebidas azucaradas conlleva un alargamiento y mejora de la calidad de vida relacionada con la salud de la población. Cabe recordar que este tributo fue creado por la Generalitat de Catalunya en 2017 para luchar contra la prevalencia de enfermedades asociadas a la obesidad siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la salud (OMS).
La evaluación económica sobre el IBEE, realizada por el Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) por encargo de la Dirección General de Tributos y Juego del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, también destaca que se trata de una medida eficiente económicamente, ya que el ahorro del gasto sanitario, una vez descontados los costes asociados a la puesta en funcionamiento de la medida, es positivo.
El secretario general del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, Albert Castellanos, subrayó que dicho estudio pone en valor la eficiencia del impuesto, desde un punto de vista social, en términos de reducción de los costes sanitarios y de mejora de la esperanza de vida, al reducir la obesidad. “La eficiencia nos pone en la vanguardia de las políticas fiscales para fomentar hábitos saludables con medidas como ésta. Esta figura tributaria no es vigente sólo en Cataluña, sino que la aplican países como el Reino Unido, Francia o Nueva Zelanda y muchos otros se están planteando implementarlo”.
Por otro lado, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 11 de julio contra el reglamento del impuesto, el secretario general ha anunciado que la Generalitat presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “La sentencia no es firme y a día de hoy existe la suficiente seguridad jurídica para continuar recaudando el impuesto”, puntualizó. En este sentido, el gobierno catalán defiende la plena vigencia del gravamen mientras no haya una sentencia firme y ha afirmado que la tasa, que recauda 42 millones de euros anuales, se seguirá pagando en la comunidad autónoma, pues la sentencia afecta solamente al reglamento y no al impuesto en cuestión. La Generalitat, defendiendo su postura, tomará medidas legales contra aquellas empresas que lo dejen de pagar y, cuando haya otra situación jurídica, ya verá como procede jurídicamente.
El analista de Ivàlua y coordinador de la evaluación, Ramón Sabes-Higuera, asegura que "es un impuesto eficiente en términos económicos porque supone una mejora en la salud de la población y un ahorro en los costes para la sociedad, incluso en un escenario con una reducción del consumo de BEE como consecuencia del impuesto bastante reducida (2,2%)”.
De acuerdo con el informe presentado, el importe del ahorro varía en función de los datos utilizados sobre la reducción del consumo de este tipo de bebidas en Cataluña. Para hacer este cálculo, Ivàlua ha tomado como referencia dos estudios publicados recientemente. Así, en el primer caso que considera una reducción del consumo del 15,4%, el ahorro es de 61,16 millones de euros para la sociedad; y en el segundo caso, con una disminución del 2,2% del consumo, el ahorro es de 6,85 millones de euros.
Además, el estudio también mide el impacto a largo plazo de este tributo sobre la salud de la población, estimando este impacto para el total de personas mayores de 20 años que vivían en Cataluña en 2017, primer año de aplicación del impuesto, y con una proyección de 75 años. Asumiendo que la tasa reduce el consumo de bebidas azucaradas envasadas en un 15,4%, se estima que habrá una ganancia total para este conjunto de población de casi 9.400 años de vida y si se asume una reducción del consumo de un 2,2%, el impuesto supone una ganancia de más de 1.300 años de vida.
Otra de las conclusiones que extraida es que los costes de diseño, implementación y gestión del impuesto son menores que el ahorro de costes para el sistema sanitario derivado de la mejora en la salud de la población y que, por tanto, la medida es eficiente en términos económicos.
