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La Sociedad de Salud Pública defiende el impuesto a las bebidas azucaradas

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La Sociedad de Salud Pública de Cataluña y Baleares ha manifestado su total desacuerdo con la sentencia conocida el pasado 11 de julio mediante la cual el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  (TSJC) anula la aplicación de la tasa impuesta sobre las bebidas azucaradas envasadas en el territorio catalán. En este sentido, la SSPCIB ha reclamado en un comunicado la vigencia de dicho impuesto y ha pedido a la Generalitat de Cataluña que continúe aplicando esta tasa. Por su parte, el gobierno catalán ha anunciado que recurrirá la sentencia y seguirá recaudando el impuesto.

A  continuación les detallamos el comunicado oficial que ha publicado la SSPCIB en contra de la sentencia del TSJC sobre la aplicación del impuesto a las bebidas azucaradas:

Ante la sentencia conocida ayer del TSJC que pone en riesgo la aplicación de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre bebidas azucaradas envasadas, desde de la Sociedad de Salud Pública de Catalunya y Baleares queremos poner de relieve los siguientes puntos:

– La obesidad de la población, especialmente la infantil y adolescente, es un problema importantísimo en nuestro contexto que requiere medidas estructurales. Hay enorme evidencia que muestra la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y problemas de salud como la obesidad o la diabetes.

– La aplicación de impuestos contra las bebidas azucaradas es una herramienta que se ha mostrado eficaz donde se ha aplicado (Francia, Finlandia, Noruega, Hungría, Chile, México y Sudáfrica, Reino Unido, etc.) y que contribuye -de manera estructural ya largo plazo – a dar respuesta a este problema de salud pública. Estudios de la UPF y la UIC ya han mostrado las ganancias que ya se han obtenido en Cataluña con sólo dos años de aplicación.

No compartimos en absoluto que la medida sea ‘precipitada’, sino que fue ampliamente debatida en los plazos previstos y da respuesta a un problema con importantes consecuencias sociales y de bienestar para la población y también económicas para el sistema de salud pública.

– Los intereses económicos de las empresas propietarias de bebidas azucaradas pueden ser legítimos pero no pueden nunca anteponerse al interés general de la población.

Por todo ello, pedimos a la administración de la Generalitat de Catalunya que continúe aplicando este impuesto. No podemos permitir que, apelando a aspectos técnicos, se den pasos atrás que perjudiquen la salud de la población de Cataluña.

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