La subida del IVA afectaría al 65% del gasto total en alimentación
La reclasificación del IVA reducido de un 10% a un 21% que el Informe Lagares propone al Gobierno tendría un efecto devastador sobre los presupuestos de las familias y sobre el conjunto del consumo, según las conclusiones del estudio recientemente encargado por algunas de las organizaciones que representan al gran consumo y la hostelería como son FIAB, AECOC, ACES, ASEDAS, FEHRCAREM. Según el documento, no sólo los productos de alimentación a los que se subiría el IVA se verían afectados, sino también el conjunto de la cesta de la compra y todos aquellos productos y servicios no considerados de primera necesidad (droguería e higiene, equipamiento del hogar, ropa, calzado, electrónica, juguetes, alimentación fuera del hogar y bebidas con contenido alcohólico).
Según una encuesta recientemente elaborada por el sector, el 98% de los consumidores reduciría su consumo en caso de subirse el IVA. Además, por edades, los más afectados serían los consumidores de entre 25 y 34 años que, según afirman, recortarían su gasto prácticamente en todos los sectores, excepto en transporte y alimentación. Y es que el paso de un tipo reducido de un 10% a un 21% afectaría a casi el 65% del gasto total en alimentación e implicaría un gasto adicional de casi 600 euros al año por familia una cantidad difícilmente asumible en el actual escenario económico y que, en la mayoría de casos, obliga a recortar otras partidas de gastos.
Además, según un estudio recientemente encargado por las organizaciones que representan al gran consumo y la hostelería, de producirse este escenario se registraría una caída de la producción de entre el 4,3% y el 6,2% (22.904 millones de euros) y se destruirían más de 155.000 empleos en nuestro país. De hecho, los datos demuestran que la última subida de IVA e impuestos sobre bebidas con contenido alcohólico provocó la bajada de producción, consumo y recaudación tributaria.
Los datos de cierre de 2013 indican que el consumo, incluso el de alimentación, se encuentra estancado en nuestro país y el arranque de año tampoco permite pensar que el escenario mejore. En enero, las ventas minoristas cayeron un 0,3%, con respecto al mismo mes del pasado año y, en febrero un 0,4%; lo que confirma la necesidad de impulsar medidas que permitan reactivar la demanda.
Por ello, las organizaciones del sector valoran muy positivamente la opinión expresada por el ministro de hacienda de no subir ni reclasificar el IVA e instamos al gobierno a defender ante Europa la imposibilidad de seguir incrementando los impuestos indirectos sin poner en riesgo el consumo y la creación de empleo.
Además, en el marco actual, las organizaciones proponen una reforma fiscal que fomente, en lugar de penalizar, la actividad empresarial y que permita reanimar el consumo interno. En este sentido, les resulta imprescindible tener en cuenta que el aumento de la recaudación no debe proceder del incremento de impuestos, sino de la ampliación de la base impositiva, especialmente favoreciendo la actividad. De igual modo, solicitan la aplicación de medidas contra el fraude fiscal, puesto que no es permisible que nuestro país tenga que soportar un porcentaje de fraude equivalente al 25% del PIB y eliminar también todas aquellas duplicidades administrativas que rompen la unidad de mercado y se convierten en generadoras de costes innecesarios.
El gran consumo -industria, distribución, comercio- y la hostelería y restauración son sectores estratégicos para el desarrollo de la economía española y, por ello, pueden ejercer como motores de la necesaria recuperación económica. La facturación global de todos estos sectores asciende a 370.000 millones de euros, lo que representa más del 20% del PIB nacional y, en conjunto, generan más de 5 millones de empleos.
Hay que resaltar también no sólo la importancia económica actual sino el potencial de crecimiento que tienen los sectores relacionados con la cadena; siempre y cuando el modelo de reforma que prospere no vea mermada la actividad como consecuencia de una caída del consumo.
La reclasificación del IVA reducido de un 10% a un 21% que el Informe Lagares propone al Gobierno tendría un efecto devastador sobre los presupuestos de las familias y sobre el conjunto del consumo, según las conclusiones del estudio recientemente encargado por algunas de las organizaciones que representan al gran consumo y la hostelería como son FIAB, AECOC, ACES, ASEDAS, FEHRCAREM. Según el documento, no sólo los productos de alimentación a los que se subiría el IVA se verían afectados, sino también el conjunto de la cesta de la compra y todos aquellos productos y servicios no considerados de primera necesidad (droguería e higiene, equipamiento del hogar, ropa, calzado, electrónica, juguetes, alimentación fuera del hogar y bebidas con contenido alcohólico).
Según una encuesta recientemente elaborada por el sector, el 98% de los consumidores reduciría su consumo en caso de subirse el IVA. Además, por edades, los más afectados serían los consumidores de entre 25 y 34 años que, según afirman, recortarían su gasto prácticamente en todos los sectores, excepto en transporte y alimentación. Y es que el paso de un tipo reducido de un 10% a un 21% afectaría a casi el 65% del gasto total en alimentación e implicaría un gasto adicional de casi 600 euros al año por familia una cantidad difícilmente asumible en el actual escenario económico y que, en la mayoría de casos, obliga a recortar otras partidas de gastos.
Además, según un estudio recientemente encargado por las organizaciones que representan al gran consumo y la hostelería, de producirse este escenario se registraría una caída de la producción de entre el 4,3% y el 6,2% (22.904 millones de euros) y se destruirían más de 155.000 empleos en nuestro país. De hecho, los datos demuestran que la última subida de IVA e impuestos sobre bebidas con contenido alcohólico provocó la bajada de producción, consumo y recaudación tributaria.
Los datos de cierre de 2013 indican que el consumo, incluso el de alimentación, se encuentra estancado en nuestro país y el arranque de año tampoco permite pensar que el escenario mejore. En enero, las ventas minoristas cayeron un 0,3%, con respecto al mismo mes del pasado año y, en febrero un 0,4%; lo que confirma la necesidad de impulsar medidas que permitan reactivar la demanda.
Por ello, las organizaciones del sector valoran muy positivamente la opinión expresada por el ministro de hacienda de no subir ni reclasificar el IVA e instamos al gobierno a defender ante Europa la imposibilidad de seguir incrementando los impuestos indirectos sin poner en riesgo el consumo y la creación de empleo.
Además, en el marco actual, las organizaciones proponen una reforma fiscal que fomente, en lugar de penalizar, la actividad empresarial y que permita reanimar el consumo interno. En este sentido, les resulta imprescindible tener en cuenta que el aumento de la recaudación no debe proceder del incremento de impuestos, sino de la ampliación de la base impositiva, especialmente favoreciendo la actividad. De igual modo, solicitan la aplicación de medidas contra el fraude fiscal, puesto que no es permisible que nuestro país tenga que soportar un porcentaje de fraude equivalente al 25% del PIB y eliminar también todas aquellas duplicidades administrativas que rompen la unidad de mercado y se convierten en generadoras de costes innecesarios.
El gran consumo -industria, distribución, comercio- y la hostelería y restauración son sectores estratégicos para el desarrollo de la economía española y, por ello, pueden ejercer como motores de la necesaria recuperación económica. La facturación global de todos estos sectores asciende a 370.000 millones de euros, lo que representa más del 20% del PIB nacional y, en conjunto, generan más de 5 millones de empleos.
Hay que resaltar también no sólo la importancia económica actual sino el potencial de crecimiento que tienen los sectores relacionados con la cadena; siempre y cuando el modelo de reforma que prospere no vea mermada la actividad como consecuencia de una caída del consumo.
